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El 85% del empresariado andaluz considera que el alto nivel de impuestos frena el crecimiento

El 88,6% de los empresarios andaluces estima que el nivel de impuestos de las empresas “no es el adecuado”, mientras que el 85,4% señala que las políticas fiscales actuales impiden generar riqueza adecuadamente y frenan el crecimiento, según un estudio de la Escuela Andaluza de Economía, dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El estudio ha sido presentado en Sevilla con la participación del presidente de la Escuela Andaluza de Economía, Juan Salas; el director de la entidad, Manuel Ángel Martín; y el director del Instituto de investigación, Marketing y Comunicación (IMC), Joaquín Agreda.

Además, el 74,2% opina que la presión fiscal actual no es necesaria para las “necesidades actuales de consolidación y crecimiento del tejido económico andaluz”. Asimismo, el 86% considera que las empresas deben pagar impuestos, frente a un 3,5% que está en desacuerdo, y estiman que las distintas Administraciones Públicas son “generalmente eficientes” en la persecución del fraude fiscal.

Salas explica que los empresarios se muestran “más de acuerdo con aquellas tasas donde ven directamente el beneficio, la relación causa-efecto” y advierte de que con el déficit actual “pedir una rebaja de los impuestos será algo complicado, ya que no hay predisposición al respecto”. “En la medida en que se pagan menos impuestos, la empresa tiene más beneficios para aumentar los recursos propios y crear más empleo”, matiza.

En esta línea, Martín ha recordado la postura “beligerante” de la CEOE y de la CEA en el desarrollo de tasas como el Impuesto de Sociedades, con una “petición continua” en el área de las rebajas de las cotizaciones sociales y contrario al incremento del IVA, “que el empresario tiene que pagar, aunque no haya cobrado aún las facturas a las que hace referencia”.

Las empresas localizadas en Andalucía valoran los impuestos con una puntuación “negativa, por debajo incluso del precio del dinero o la competitividad de los costes salariales”. El informe añade que “antes de la crisis la presión fiscal se valoraba con un 3,5 sobre diez y ahora cae hasta el 2,3%”. En este sentido, indica que las opiniones “más críticas” hacia el nivel actual de presión fiscal se dan especialmente en las empresas de menos de diez empleados y en las de mayores plantillas, con más de 50 trabajadores, con especial presencia en los sectores de la hostelería y el comercio.

El 40,7% del empresariado señala que los impuestos en Andalucía son mayores que en otras regiones, mientras que un 39,4% duda o desconoce los datos que le permitan comparar y opinar al respecto. Así, estima que regiones como País Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra tienen un “trato fiscal más favorable”.

Sin embargo, el estudio recoge diferencias entre las respuestas de las centrales andaluzas de empresas nacionales, que tienen a citar más que la media a Madrid; mientras que las empresas con razón social andaluza apuntan en mayor medida al País Vasco, Cataluña y Navarra.

El 30% de los empresarios considera el IVA como el impuesto “más injusto” en términos de justicia distributiva, ya que “ni siquiera contribuye a una redistribución justa de la riqueza que se está creando en la actualidad”. A éste, le sigue en porcentajes similares por el Impuesto de Sociedades (14% de los encuestados), las contribuciones a la Seguridad Social (13%), el Impuesto de Bienes Inmuebles (11%) o el Impuesto sobre la Renta (9%).

El estudio señala que los impuestos que más empresas consideran “frenos a su crecimiento” son de origen estatal, apuntando al IVA, las contribuciones a la Seguridad Social, los impuestos de sociedades y los gravámenes indirectos a los combustibles fósiles. Este posicionamiento es mantenido principalmente por las empresas de la industria y la construcción, que aseguran que su situación actualmente es negativa o regular, con más de 20 años de implantación, un tamaño medio (entre once y 50 trabajadores) y con más de un centro de trabajo, con razón social en Andalucía o con delegaciones de empresas nacionales.

Por su parte, la fiscalidad municipal también es entendida como un “freno significativo”, especialmente en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, identificado por el 90% del empresariado, mientras que el 70% apunta al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el 61,4% a las licencias de apertura y constitución de empresas. Asimismo, los impuestos ecológicos de la Junta de Andalucía crean “condiciones difíciles al crecimiento de un 42% de las empresas”.